La reforma de la Ley de Alquileres entró en un “limbo” legislativo. A fines de marzo, el oficialismo y la oposición habían acordado debatir durante 30 días diferentes proyectos en la comisión de Legislación General para poder sancionar durante mayo una nueva ley. A pocos días de que termine el mes, el panorama es incierto y no hay fecha para llevar el tema al recinto.

Hace dos semanas, tras varias jornadas de discusión y de exposición por parte de representantes de los inquilinos, los corredores inmobiliarios y especialistas en la materia, los principales espacios políticos no llegaron a ningún acuerdo y firmaron tres dictámenes diferentes en la comisión de Legislación General.

El Frente de Todos tenía mayoría e impulsó un proyecto que no altera los dos puntos más cuestionados por la oposición: los contratos de tres años y la actualización anual en base a un promedio de inflación y salarios. Juntos por el Cambio sacó un dictamen de minoría donde planteaba que los contratos de alquiler vuelvan a ser de dos años -con la opción de una renovación de un año extra- y que la actualización sean “por intervalos no menores a seis meses” en base a un mecanismo que se acordará entre las partes al momento de firmar.

Finalmente, Graciela Camaño, del Interbloque Federal, sustuvo una postura intermedia: volver a los contratos de dos años y actualización libre acordada entre las partes pero con topes (inflación).

Fuente: Infobae