1200 comedores "fantasmas" recibían ayuda del Estado: tenían domicilio en barrios privados y hasta en una escuela de pole dance

Las irregularidades siguen apareciendo con el correr de los días a partir de la decisión del Ministerio de Capital Humano de auditar el “Plan Nacional Argentina contra el Hambre”. Así se pudo establecer desvíos de fondos, y uso de recursos del Estado que supuestamente debían llegar a comedores manejados por organizaciones sociales.

Una situación más grave se dio a conocer en las últimas horas, al confirmarse que hubo entrega de dinero a organizaciones para financiar merenderos que dejaron de funcionar, se mudaron, o directamente nunca existieron

La subsecretaria Legal del Ministerio, Leila Gianni, presentó un listado con 1201 merenderos registrados en domicilios inexistentes, poniendo de manifiesto que organizaciones recibieron miles de millones de pesos para sustentarlos, sin embargo no existían.

El Gobierno amplió en las últimas horas la denuncia -presentada el viernes pasado- en la cual se abrió una causa de defraudación hacia el Estado, debido a que se descubrió que de los 2600 comedores que fueron auditados, casi la mitad fueron identificados como “no validados”.

Esta serie de irregularidades surgió luego de una auditoría sobre el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM), ya que se determinó que los funcionarios de la gestión anterior no realizaron los controles correspondientes para validar la existencia de los comedores y así confirmar el envío de mercadería.

En la mayoría de los casos se recibieron alimentos, aunque, en menor medida, otros accedían a la Tarjeta Alimentar Comunidad, que consistía en un programa en el que se les entregaba dinero para comprar alimentos en los comercios cercanos al lugar en donde operaban.

El periodista Manuel Jove pudo establecer que en algunas de las direcciones declaradas como comedores, se llegó a encontrar casos insólitos: desde un barrio cerrado en la zona de Ezpeleta, baldíos y hasta una escuela de pole dance.

La principal hipótesis que sigue la Justicia, según publica TN,  es que los recursos recibidos se utilizaban como herramienta de extorsión, una línea que coincide con la causa que investiga a líderes piqueteros por los aprietes a beneficiarios de planes. Sin embargo, por otra parte, también se cree que los bolsones de alimentos que recibían los comedores se vendían más allá de la inscripción de “prohibida su venta”.

Fuente: ADN Sur